Por Iván Díaz(*)
En la República Dominicana, el arresto por perfil sospechoso es un tema de preocupación. Este artículo examina el rol crucial del Ministerio Público en este contexto, destacando su papel en garantizar la legalidad y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El arresto por perfil sospechoso, práctica común en las labores policiales, plantea interrogantes sobre su legalidad y respeto a los derechos individuales. En este escenario, es esencial comprender la función del Ministerio Público como defensor de la legalidad y garante de la justicia.
El Ministerio Público en la República Dominicana desempeña un papel fundamental en el proceso judicial, supervisando las acciones policiales y asegurando que se ajusten a la ley. En el caso del arresto por perfil sospechoso, es imperativo que se respeten los principios constitucionales y los derechos humanos.
La Constitución dominicana establece el derecho a la igualdad y a no ser sometido a arresto arbitrario(Art. 40. 6 CRD, 2025). El representante del Ministerio Público, como funcionario, debe revisar de manera rigurosa las detenciones basadas en perfiles sospechosos, evaluando la legalidad y la proporcionalidad de dichas acciones.
Todo funcionario policial que ordene y ejecute arrestos que no esten dentro de la norma procesal penal, es pacible de ser demandado por el ciudadano o ciudadana en razón de esa acción ilegal ante el mismo organo policial, el Ministerio Público, ademas de ver comprometido su patrimonio personal para compensar los daños ocasionados a la persona.
¿Qué puede hacer un ciudadano frente a un arresto policial arbitrario?
Todo ciudadano y ciudadana que sea victima de un arresto arbitrario, fuera de lo que establece la ley 76-02 que instituye el Código Procesal Penal dentro del territorio de la República Dominicana debe denunciarlo ante la fiscalía de la jurisdicción penal donde ocurrió el hecho, cuyo funcionario está obligación de recibirle la denuncia o querella, para inicial la investigación contra el agente policial o patrulla, ademas de garantizarle los derechos de la victima y los testigos.
Ademas, puede buscar orientación en la Oficina del Defensor del Pueblo, en las Redes de Prevención Ciudadana contra el Delito, Apoyo a Victimas y Acceso a Justicia de su municipio o en la oficina de un abogado penalista privado de su preferencia.
Es necesario establecer protocolos claros que guíen a la policía en la identificación de perfiles sospechosos, evitando discriminación y arbitrariedad. El Ministerio Público debe velar por la transparencia y la rendición de cuentas en estos casos, investigando posibles abusos y presentando cargos si es necesario.
Se sugiere la implementación de programas de capacitación para las fuerzas policiales, orientados a promover el respeto a los derechos fundamentales y la no discriminación en el ejercicio de sus funciones. Además, es crucial fortalecer la colaboración entre el Ministerio Público y las autoridades policiales para asegurar una supervisión efectiva.
El arresto policial por perfil sospechoso en la República Dominicana requiere una revisión exhaustiva de sus prácticas y una mayor intervención del Ministerio Público. Solo a través de una cooperación estrecha entre las instituciones y un compromiso con el respeto a los derechos humanos se puede garantizar un sistema de justicia equitativo y conforme a la ley.
*: El autor es abogado experto en Derecho Procesal Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Procesal Penal.
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