Por Iván Díaz
El panorama educativo en la República Dominicana se encuentra en un punto de ebullición tras la emisión del Decreto 309-26. Esta medida, dictada por el presidente Luis Abinader, crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, un organismo compuesto por altos mandos del sector (Minerd, Mescyt, MAP e Infotep) que tiene solo seis meses para proponer una nueva Ley de Educación.
Sin embargo, lo que el Gobierno presenta como una ruta hacia la modernización, diversos sectores lo denuncian como un caballo de Troya. El nudo del conflicto reside en que este decreto deroga el 580-24 —que buscaba la fusión directa de los ministerios de educación—, pero grupos como "Renovación Docente RD" aseguran que se trata de la misma fusión disfrazada.
Puntos clave de la controversia:
El 4% en la mira: Existe un temor generalizado de que la reestructuración ponga en riesgo el presupuesto histórico destinado a la educación preuniversitaria o facilite su desvío hacia fines privados.
Falta de consenso: Académicos y la sociedad civil critican la ausencia de estudios técnicos que avalen el cambio.
Resistencia gremial: La ADP y partidos de oposición advierten sobre la pérdida de autonomía universitaria y posibles retrocesos en los derechos docentes.
Pese al rechazo y las movilizaciones, la Comisión ya está en marcha, preparando una "Consulta Nacional" que definirá si esta transformación será un avance real o una crisis institucional de gran escala.
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