Por Iván Díaz
La estadística de Seguridad y Convivencia de la Oficina Nacional de Estadísticas muestra los casos entrados y hábeas corpus tramitados, personas sometidas y sentencias definitivas dictadas en las cámaras penales del juzgado de primera instancia por año, 2005-hasta 2016, información que describe la realidad de la criminalidad, convivencia y acceso a la justicia de los últimos 12 años en la República Dominicana.
La
estadística oficial muestra que los niveles de criminalidad desde el año 2005
hasta el año 2009 aumentaron de manera constante de 9.968 sometimientos a
19.638; mientras que en el año 2010, la cifra fue de 13.942, bajando
considerablemente, manteniéndose esa tendencia en el 2011, aunque que en el
2012, esta cifra se disparo nueva vez con un total de 15.470 sometimientos y
aumentando un dígito en el año 2013, bajando levemente la tendencia en el año
2014, condiciendo con la instauración del Sistema Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad, 911, logrando esto que en el 2015, bajar los
sometimientos a 13.266.
En el
caso de las sentencias definitivas, desde el año 2005 hasta el 2016, la
respuesta judicial en relación a los sometimientos ha aumentado, demostrando
que tanto el acceso de las victimas aumenta conjuntamente con la calidad de respuesta
del sistema penal y esta tendencia seguirá a la medida de que aumente el
servicio del Sistema 911, ya que una llamada de auxilio policial, garantiza
mayor respuesta de seguridad a las víctimas de crímenes y delitos.
Las
estadísticas demuestran que la seguridad y la convivencia en paz de los y las
dominicanas durante los últimos 12 años tienen mayor garantía del Estado, lo
que desmiente el discurso de que existe una crisis de la seguridad ciudadana y que la impunidad judicial va en aumento.
Aunque el
fenómeno criminal es propio de la sociedad, aunque ni desaparezca totalmente, se
espera que a medida que aumente el Sistema 911, en las más provincias del país,
siga la tendencia a la baja de la criminalidad, además de aumentar la seguridad
y el acceso a la justicia de los y las dominicanas, quienes tributan por un
Estado con mayores mecanismos y garantías de protección.
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