Por Iván Díaz RD
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha tomado una decisión firme al suspender las operaciones de Worldcoin en República Dominicana. Esta medida, aplaudida por muchos, resalta la responsabilidad de proteger a los consumidores de posibles abusos. Pero aunque el cierre temporal es un paso importante, no debemos perder de vista los cuestionamientos sobre cómo esta empresa llegó a operar en el país.
Worldcoin Foundation prometía a los ciudadanos una oportunidad tentadora: intercambiar datos biométricos por criptomonedas. Pero Pro Consumidor ha puesto el dedo en la llaga, señalando "cláusulas abusivas" y violaciones a las leyes de protección de datos personales y contratos de adhesión. La advertencia está clara: no se puede jugar con la confianza de los dominicanos.
Ahora bien, más allá de la suspensión, queda la interrogante de cómo una empresa que ni siquiera cuenta con un domicilio social establecido en el país pudo iniciar sus operaciones. Esto plantea una duda legítima: ¿fueron las autoridades lo suficientemente diligentes al permitir que esta organización operara en suelo dominicano? La misma resolución de Pro Consumidor señala la falta de un domicilio social, lo cual debería haber encendido alarmas desde un principio.
Aquí es donde se vuelve esencial no solo celebrar la actuación de Pro Consumidor, sino también exigir que se investigue a fondo el proceso de autorización inicial de Worldcoin. ¿Cómo una empresa que maneja datos tan sensibles como los biométricos de miles de ciudadanos pudo establecer su sistema sin cumplir con todos los requisitos básicos? Las criptomonedas y la captura de datos biométricos no son asuntos menores, y el nivel de riesgo involucrado es demasiado alto como para no tomar las precauciones debidas.
Es urgente que las autoridades competentes, incluyendo Pro Consumidor y otras instancias gubernamentales, verifiquen si se cumplieron todos los pasos reglamentarios desde el primer contacto de esta empresa con el mercado dominicano. La suspensión es un buen comienzo, pero es solo eso, un comienzo. El país merece respuestas claras sobre cómo se permitió que Worldcoin capturara los iris de más de 7,000 dominicanos sin que nadie cuestionara seriamente sus operaciones.
Al final del día, proteger a los consumidores no solo se trata de reaccionar cuando hay irregularidades, sino de anticiparlas. En este sentido, la suspensión de Worldcoin debe servir como una lección sobre la importancia de la supervisión rigurosa de cualquier empresa que maneje información tan delicada como la biométrica. Y, por supuesto, debe llevar a una reflexión más profunda sobre los riesgos de adoptar innovaciones tecnológicas sin las debidas salvaguardas.
Aplaudimos la acción de Pro Consumidor, pero con el mismo entusiasmo, exigimos que se investiguen los orígenes de esta operación. Los consumidores dominicanos merecen transparencia y protección de principio a fin.
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