"...Criticar el poder es un derecho, no un delito. Reglamentar la libertad de expresión no es censura, es dar seguridad jurídica a quienes la ejercen..."
La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, pero en República Dominicana su ejercicio carece de un marco legal, actualizado, claro, especialmente en la era digital. El proyecto de ley que busca reglamentarla surge como una necesidad urgente para proteger a periodistas, ciudadanos y medios de comunicación de la censura arbitraria, mientras se equilibra con responsabilidades frente a discursos de odio y desinformación.
En la actualidad los medios tradicionales y las plataformas digitales operan en una zona gris: por un lado, periodistas enfrentan presiones políticas y judiciales; por otro, las redes sociales son terreno fértil para fake news y ataques anónimos. Sin una ley específica, el abuso y la restricción coexisten, debilitando el debate público.
La propuesta de regulación no busca limitar la expresión, sino garantizarla. Países como Uruguay y Costa Rica han implementado normas similares con éxito, protegiendo a los comunicadores sin sacrificar la crítica legítima. En RD, una ley equilibrada evitaría que gobiernos o grupos de poder silencien voces incómodas, pero también obligaría a los medios digitales a transparentar algoritmos y moderar contenidos dañinos.
Criticar el poder es un derecho, no un delito. Reglamentar la libertad de expresión no es censura, es dar seguridad jurídica a quienes la ejercen. El Congreso dominicano tiene la oportunidad histórica de blindar este derecho, siempre que la ley priorice el interés público sobre los intereses partidistas.
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